El marco normativo de la CONMEBOL establece la prohibición expresa de la participación directa o indirecta en actos de corrupción, lavado de dinero y ocultamiento patrimonial, y obliga a investigar, documentar y sancionar tales prácticas, con independencia del cargo jerárquico de las personas involucradas. La denuncia sostiene que “el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol resulta plenamente competente para intervenir en la presente denuncia, conforme a lo dispuesto en el Código de Ética de la CONMEBOL y en la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento”. Además, enfatiza que la competencia del Tribunal de Ética es autónoma e independiente de las investigaciones penales, fiscales o administrativas que se desarrollen en el ámbito de los Estados nacionales, y que la existencia de causas judiciales abiertas “refuerza el deber institucional de analizar si las conductas investigadas afectan los principios éticos y de gobernanza que rigen el fútbol sudamericano”.