En lugar de contar con una institución científica nacional que actualice el inventario y fije los criterios de protección, como es actualmente el IANIGLA, cada provincia puede crear su propio organismo (con el riesgo de resultar financiado por las compañías mineras). “Los cambios que se pretenden en la Ley son una contradicción, ya que todos los glaciares cumplen una función hídrica. De hecho hoy aportan entre un 30 y un 50% al caudal de los ríos de montaña”, advirtió Juan Pablo Milana, geólogo e integrante de la recientemente conformada Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, en San Juan.