El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo invocando la doctrina "Irurzun". Este criterio judicial permite justificar la prisión preventiva si se considera que los vínculos de poder de un imputado pueden obstruir la justicia.
Aunque históricamente esta doctrina se aplicó sobre "relaciones residuales" de exfuncionarios, Pagano solicita su aplicación por analogía agravada, dado que Adorni se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones.
Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.