Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.
Y señala que la medida está orientada a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.