La propuesta contempla dos segmentos: por un lado, las compañías integradas, que pueden participar en distintos eslabones de la cadena productiva, y por otro, las empresas no integradas. Cuando el corte de biodiésel alcance el 10%, las firmas no integradas tendrían una participación del 6,5% del mercado total.
Ese porcentaje se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. A partir de 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas. Este esquema es rechazado por los bloques aliados que responden a las provincias del centro del país, que reclaman garantizar una participación para las pymes del sector.