El giro en la negociación pasaría de una propuesta original que buscaba eliminar casi por completo los límites y restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, a fijar un tope mayor al vigente, que hoy es del 15% (artículo 8 de la Ley 26.737). El nuevo borrador establecería un límite del 25% “por provincia”, con autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como del gobierno provincial correspondiente. El texto también prevé la prohibición de compra por parte de personas jurídicas con participación estatal extranjera directa o indirecta, salvo autorización expresa de la provincia y la Nación, y establece que esa potestad no podrá delegarse en un funcionario con rango menor a secretario de Estado.