Durante el juicio se acreditó que los funcionarios del INDEC debieron adoptar múltiples medidas de resguardo del secreto estadístico debido a "los constantes embates que recibían por parte de Moreno a través de llamados, requerimientos e imposiciones".
Además, el fallo remarcó que el exfuncionario tenía una "necesidad particular, más allá del interés público", de conocer la identidad de los informantes que aportaban datos sobre precios, así como las marcas específicas relevadas para el IPC.
Ledesma subrayó que los técnicos del INDEC terminaron alejándose del organismo, muchos de ellos con licencias, y que las mujeres fueron quienes más frecuentemente sufrieron destratos y desplantes del exsecretario.
El juez Alejandro Slokar votó en disidencia.