“Está diseñado para reducir drásticamente la vigilancia estatal sobre la actividad financiera personal. En la primera etapa, el gobierno está desmantelando capas de requisitos de información a través de un decreto presidencial, eliminando un extenso conjunto de regímenes de reporte fiscal, que abarcaban desde compras habituales con tarjeta de crédito hasta servicios públicos e inmuebles. La segunda etapa, más desafiante, propone un proyecto de ley orientado a blindar estos cambios y proteger a los ahorristas de posibles retrocesos por parte de futuros gobiernos", destacaron desde la consultora Adcap.