La dimensión del fraude se ilustra con la acusación: el 50% de las obras viales adjudicadas irregularmente a Báez fueron abandonadas, con un avance promedio que oscila entre el 16% y el 36%, aunque el empresario cobró la totalidad de esos contratos.
El Estado exige que los condenados respondan con sus patrimonios para resarcir el daño a las arcas públicas, una demanda que permaneció en pausa durante cuatro años bajo la presidencia de Alberto Fernández.
En otro hecho denunciado esta semana, se reveló que José Ottavis, exdirigente de La Cámpora, creó una asociación civil en Corrientes llamada “Amarte Argentina” que recibió 11 mil millones de pesos del Estado provenientes del FISU para obras que no fueron terminadas. El monto reclamado en la causa Vialidad es ocho veces esa cifra.