El aval de la Cámara Baja se concentró en una propuesta que persigue la derogación definitiva 70 normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno. La propuesta legislativa busca fortalecer la seguridad jurídica del entramado regulatorio nacional y remueve trabas burocráticas para el desenvolvimiento civil y productivo del país, un criterio que se fundamenta en la premisa constitucional de que las actividades permitidas por la Carta Magna carecen de la necesidad de regulaciones particulares.