Entre sus funciones estarán coordinar el trabajo conjunto de los ministerios que intervengan en la aplicación del régimen, elaborar lineamientos comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes, y promover el intercambio de información estadística y técnica. También podrá emitir recomendaciones no vinculantes para la autoridad de aplicación y coordinar los aspectos administrativos y operativos necesarios para ejecutar las penas previstas por la Ley 27.801.