“El argumento que emplea es que el Reino Unido ni siquiera discutirá la cuestión de soberanía, lo que implica también las cuestiones de derechos sobre los espacios marítimos, a menos que los actuales habitantes de las islas se lo soliciten. Esto equivale a dejar la decisión de respetar o no sus obligaciones internacionales en manos de apenas unos dos mil de sus propios ciudadanos. La Argentina tiene derecho a que el Reino Unido respete la obligación de resolver las controversias por medios pacíficos, lo que incluye la obligación de no hacer nada que torne el arreglo más difícil o imposible. Ese sería el caso si la parte británica continuara los trabajos dirigidos a la explotación de hidrocarburos de la plataforma continental objeto de la controversia”, indicó Cohen.