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Politica Argentina pidió que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas

11/11/2026 | 2002 visitas

La segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo definirá la factibilidad de que el organismo emita una medida provisional para paralizar el proyecto petrolero Sea Lion.

La Argentina finalizó su alegato en la segunda audiencia que se celebra en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la sede de Hamburgo, donde ratificó su pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, y llamó a las autoridades británicas a reanudar las negociaciones bilaterales.

Tras el choque de posiciones que se registraron ayer, el cierre estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. Entre otros puntos, sostuvo que cuatro condiciones quedaron demostradas a lo largo de las audiencias: la competencia prima facie del Tribunal Arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la plausibilidad de los derechos argentinos en disputa, el riesgo real e inminente de perjuicio irreparable a esos derechos (la soberanía de los recursos naturales) y la urgencia que justifica la intervención de ITLOS antes de que el tribunal arbitral esté constituido.

El embajador sintetizó el pedido de Buenos Aires en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Antes de retirarse, Oyarzabal reafirmó la disposición de Argentina a retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido y a celebrar arreglos provisionales de carácter práctico mientras la controversia permanezca sin resolver. A su vez, reservó el tramo final de su intervención para cuestionar de forma explícita el comportamiento del equipo británico durante el proceso. En este punto, señaló que el Reino Unido optó por no presentar una memoria escrita en plazo, que intentó modificar su prueba documental minutos antes de la última jornada de audiencias y que excedió el tiempo asignado por más de quince minutos. Advirtió además que las declaraciones testimoniales presentadas por Londres eran, en rigor, alegatos de personas con un interés directo en el resultado del caso, y no prueba de hechos.

Ante la posibilidad de que el equipo británico introdujera argumentos nuevos en su turno de réplica vespertino, Oyarzábal se reservó el derecho de solicitar autorización al Tribunal para responder por escrito, dado que Argentina ya no tendría oportunidad de hacerlo oralmente.

Tras esta segunda ronda de audiencias, el tribunal deberá emitir su decisión, que podría conocerse pronto, inclusive esta misma semana.

La jornada del martes dejó en evidencia la brecha irreconciliable entre los dos países. Argentina pidió la paralización inmediata de Sea Lion bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa activa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Reino Unido, por su parte, rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos naturales.

El presidente Javier Milei siguió las audiencias desde Buenos Aires con atención y entusiasmo y, según supo Infobae, ayer compartió un mensaje entre los integrantes del gabinete: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. Un importante especialista, con nexos en la Cancillería, analizó la jornada de ayer: “El Reino Unido para mí se dedicó a embarrar la cancha y generar caos. Y esto es una estrategia tan antigua como el arte de la guerra de Sun Tzu. Jurídicamente no han tirado nada que nosotros no hayamos previsto”.

Además de Oyarzabal, la delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También integran la comitiva funcionarios del Ministerio de Economía, la Cancillería y Procuración del Tesoro de la Nación; y los asesores Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM y Agustín Giustiniani.

La delegación británica está compuesta, además de la fiscal general Ellie Reeves, por los representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto a funcionarios del gobierno ilegal de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general del archipiélago. Un dato de color: los CEOs de las dos empresas operadoras del proyecto -Ian Ramsay, de Navitas Petroleum, y Samuel Moody, de Rockhopper Exploration- siguen los alegatos en persona desde la sala de audiencias, junto a Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.

Otro dato de color. La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, partió la noche del 8 de noviembre desde Leicestershire rumbo a las Malvinas, según confirmó el Court Circular, el registro oficial de actividades de la Casa Real británica. Llegó al archipiélago el 9 de noviembre, un día antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzara a escuchar los argumentos en Hamburgo.

Los cinco ejes que dividen a Argentina y el Reino Unido

La primera jornada dejó en claro que el enfrentamiento entre ambos países no se reduce -únicamente- a la disputa de soberanía. Hay cinco puntos concretos en los que las posiciones son irreconciliables.

1. Jurisdicción del tribunal

Argentina sostiene que la controversia concierne obligaciones específicas de la Convemar —no la soberanía en sí— y que el TIDM tiene competencia para intervenir. El Reino Unido responde que, detrás de cada argumento argentino, subyace la misma pregunta: quién es soberano sobre las islas. Y esa pregunta, sostiene Londres, está fuera del alcance de la Convemar y del TIDM. “Argentina no puede ignorar la realidad: el fundamento mismo de su demanda descansa en la afirmación de su soberanía”, afirmó Reeves.

2. Explotación unilateral de recursos en área en disputa

Buenos Aires argumenta que la resolución 31/49 de la ONU de 1976 prohíbe expresamente adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía permanezca abierta, y que autorizar Sea Lion viola ese mandato. Londres replica que Sea Lion es una actividad lícita regulada por la legislación de las islas, que lleva más de dos décadas otorgando licencias de exploración sin que Argentina haya recurrido antes a un tribunal internacional. “Se realizan perforaciones desde 1998. Argentina no explicó por qué, 28 años después, la situación se volvió urgente”, señaló uno de los letrados británicos.

3. Autodeterminación versus soberanía permanente sobre recursos

El Reino Unido invoca el derecho a la autodeterminación de los isleños —ratificado en el referéndum de 2013, con el 99,8% de votos a favor de seguir siendo territorio británico— para defender su facultad de explotar los recursos naturales del área. Argentina traza una distinción: reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas, pero sostiene que eso no les otorga el derecho a apropiarse de recursos de una plataforma continental en disputa. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, afirmó Oyarzábal, quien añadió que esos recursos “pertenecen al pueblo argentino

4. Urgencia

Argentina advierte que los trabajos preparatorios de Sea Lion ya están en marcha, que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar desde enero de 2027 y que el daño —extracción de un recurso no renovable— sería irreversible. El Reino Unido fija fechas concretas para desarmar ese argumento: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción efectiva no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral del Anexo VII ya estará constituido y en condiciones de actuar. “No existe ningún fundamento que permita a este tribunal dictar medidas provisionales en esta etapa”, sostuvo la defensa británica.

5. Riesgo ambiental

Argentina alerta sobre la probabilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días, y subraya que es ella —no el Reino Unido, situado a 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta ante un accidente, dado que el área está dentro de su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido señala que la evaluación de impacto ambiental del propio proyecto concluyó que los riesgos de perturbación del lecho marino son “muy bajos a bajos”, y que Argentina no presentó pruebas concretas de un daño inminente ni especificó ninguna medida de protección ambiental que Londres le estaría impidiendo tomar.

Lo que tiene en cuenta el tribunal

Para dictar medidas provisionales, el Tribunal del Mar debe verificar que se cumplan tres requisitos. Primero, que el tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar —el foro donde se resolverá el fondo del caso— tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia. Segundo, que existe urgencia real. Tercero, que los derechos que Argentina busca proteger son plausibles tanto en los hechos como en el derecho.

El Reino Unido cuestionó la estrategia procesal argentina y concentró su defensa del martes en el primero de esos puntos. Reeves sostuvo que la demanda es, en esencia, una controversia sobre soberanía territorial, materia que queda fuera de la Convemar. “Este tribunal no tiene jurisdicción para escuchar un reclamo en torno a la soberanía”, afirmó la fiscal general. Michael Wood, otro de los abogados británicos, reforzó ese argumento al señalar que ningún participante en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar esperó que una disputa de soberanía territorial quedara cubierta por el mecanismo de solución de controversias de la Convemar.

La posición argentina rechaza esa caracterización. Oyarzábal subrayó ante el tribunal que Buenos Aires no pide que se resuelva la disputa de soberanía, sino que se preserven los derechos argentinos sobre la plataforma continental mientras esa controversia se tramita en otro foro. “Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina”, explicó Kohen en su exposición.