De acuerdo a lo manifestado en el pedido formal, "las únicas tareas determinadas en el decreto se basan en la vigilancia en cuanto a la seguridad vial, la creación de una agencia de control de concesiones, y el pase de todos los bienes muebles (maquinaria vial) e inmuebles al ámbito, y se omite designar a los organismos que llevarán a cabo las tareas que hace la DNV hasta el día de la fecha".
Además, agregó que "el cierre del organismo, lejos del pretendido objetivo del Gobierno nacional en cuanto al mejorar el funcionamiento y reducir el sobredimensionamiento de la estructura del Estado, representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria".
La Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo es la encargada de tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, pudiendo derogarlos en caso de que sean rechazados por ambas cámaras.
La suspensión por seis meses de este decreto fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2, que hizo lugar a una medida cautelar, mientras que luego el Gobierno confirmó que iba a apelar el fallo.