En ese marco, se consideró necesario modificar la fecha original de vencimiento, fijada para el 30 de mayo, ya que sin la habilitación de los formularios fiscales no es posible completar correctamente las declaraciones patrimoniales.
La resolución también instruye a las áreas de recursos humanos de cada organismo a difundir la medida entre los funcionarios alcanzados, con el fin de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral es una herramienta central para el control de la evolución de los bienes de los funcionarios públicos y forma parte del sistema de prevención de conflictos de interés y lucha contra la corrupción.